VIDA CONTRA SAQUEO
Por Denny de León
Estudiante de Derecho. Procurador de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE)
PLUMA INVITADA
una iniciativa de la Diócesis de San Marcos, Guatemala
Respetar la naturaleza y los bienes que gratuitamente ofrece pareciera ser una idea muy antigua, pasada de moda, que esta fuera de la realidad. Esta macabra forma de pensar está provocando que lo recursos naturales sean vistos como mercancía de explotación, y no como elementos de vida.
Sin embargo, al adentrarse en la intimidad de las comunidades -sobre todo de pueblos indígenas- y entender la dinámica social en la que se desenvuelven, se puede comprender cómo la forma de relacionarse con la vida está estrechamente asociada con estos elementos; todo forma parte de un todo y de un complemento armonioso y divino, todo está en su debido lugar, nada es casualidad: el agua, los bosque, los ríos, las montañas son más que un entorno natural y folclórico, significan parte de la misma existencia.
Las comunidades indígenas asimilan que los bienes naturales no son eternos, por lo tanto deben ser utilizados de forma racional, adecuada y responsable, respetando el seno materno de donde provienen, en el entendido, que todo es de todos, y que nadie el dueño absoluto de los mismos. Es aquí donde se evidencian los valores y principios rectores que orientan las relaciones sociales de los pueblos indígenas. Desde la misma existencia de la humanidad la naturaleza ha sido vista como la Madre, es quien alimenta, quien insuma a sus hijos e hijas lo sustancial para vivir, de ella venimos y algún día a su seno tenemos que retornar. Este planteamiento filosófico de respetar la madre naturaleza no riñe con la búsqueda del desarrollo, de la paz y la justicia, más bien encamina su pensamiento a la búsqueda de la felicidad y la plenitud del ser humano, respetando con equilibrio las libertades individuales y colectivas.
En contraposición al respeto por la naturaleza se encuentra la ideología económico-transnacional -asociado al deseo impetuoso de acumular poder y riquezas- de explotar todo cuanto recurso se encuentre en el seno materno de territorios de pueblos indígenas. En este sentido hay muchos ejemplos en nuestro país que bien pueden ilustrar esta actitud explotadora de las empresas, una de ellas Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Canadiense Gold Corp Inc., quien dejando de observar los principios y valores de las comunidades indígenas del occidente del país se instala en territorio de pueblo Maya Mam del municipio de San Miguel Ixtahuacán a través de mina Marlín, convencidos sin duda de saquear los minerales que ahí se encuentran, y claro con la venia y toda la fuerza coercitiva del Estado de Guatemala.
La explotación de minerales preciosos en la mina Marlin, es sin duda la “gallina de los huevos de oro” para sus inversionistas, y por supuesto también para aquellos políticos corruptos enquistados en la estructura estatal. Solo en el primer semestre del presente año esta actividad minera generó en concepto de ganancias US$229 millones -Q1 mil 813 millones 54 mil 730-, de todos estos beneficios a los guatemaltecos nos queda una humillante cascarita de huevo en cuestión de regalías. Realmente estos números son una vergüenza porque es de tomar en cuenta que en la región donde opera esta minera sigue siendo población que goza de los más altos niveles de empobrecimiento, pero claro, esta mortalidad es la que menos le interesa al empresario y al gobierno. Desde que mina Marlin comienza a operar en este territorio Mam se genera toda una conflictividad social, las comunidades y familias se dividen, los pozos y nacimientos de aguas se secan, las graves consecuencias a la salud brotan a la luz pública, hombres y mujeres que exigen que se les respeten su derechos son sistemáticamente perseguidos por la institucionalidad del Estado, se criminaliza la resistencia, y lo peor de todo, la paz que abrazaba a este pueblo queda como un marco de recuerdo. Pero el cáncer continúa su marcha, ahora la intención de saqueo quiere extenderse al pueblo Maya Sipakapense donde la misma empresa anhela seguir explotando minerales sin importar las devastadoras consecuencias.
La conflictividad social se agudiza, la invasión de empresas extractivas pareciera no tener fin, a costa de lo que sea las transnacionales ambicionan seguir expandiéndose, pero bueno, por si solas no pueden, necesitan de una plataforma jurídica y política que les permita ingresar para hacer y deshacer con los territorios otorgados. A partir de 1996, en época del gobierno de Arzú se plasma nuevamente el pensamiento colonial de despojo, se apertura la ruta “legal” que permite el ingreso de este tipo de industria, se autorizan la “trilogía de leyes de despojo territorial”: la Ley de Minería, la Ley de Electrificación Nacional, y La Ley de Hidrocarburos entran al ordenamiento jurídico nacional con la única finalidad de proveer condiciones favorables a empresarios y politiqueros para autorizar licencias sin consultar al pueblo.
La ley de Minería es sin duda una de las leyes más aberrantes que atentan contra la dignidad del ser humano, es el motor principal de explotación de minerales, nace de presiones políticas internacionales concluidas en el Consenso de Washington. Cuando se desarrolla un tour por el contenido de esta ley se puede encontrar cómo la mente del legislador y del gobierno de turno definió como objetivo fundamental abrir las puertas políticas y legales para la implantación de transnacionales en territorio Guatemalteco, dejando de observar principios y valores históricos a donde se autorizarían licencias mineras. Esta ley de forma desmedida entrega territorios a empresas extractivas sin tomar en cuenta, incluso las relaciones sociales emanadas del mismo derecho a la vida que en estos lugares se encuentran.
Atentar contra los bienes que ofrece la madre naturaleza tiene implicaciones devastadoras para la vida de los pueblos indígenas, y claro, eso lo entienden perfectamente sus hijos e hijas quienes sin quedarse de brazos cruzados caminan respetuosamente con lealtad y fidelidad para responder objetivamente a esa inquietud transnacional de robo, saqueo y acumulación de capital. Por supuesto las comunidades indígenas tienen encarnada la vivencia del despojo territorial sistemático vivido a través de la historia. Los pueblos por medio de sus autoridades comunitarias y ancestrales, legítimamente designadas encaminan los pasos de su historia para organizarse y articularse con la única finalidad de defender de forma conjunta lo que se les quiere por fuerza robar: Su territorio. Esta actitud trae consigo secuelas. Las más de 60 consultas comunitarias no son acciones emocionales, ni de casualidad inventadas por los pueblos, más bien emanan del seno comunitario, convirtiéndose pues en la vara colectiva de autoridad que contrarresta la posición invasora de las industrias extractivas. Defender el territorio y sus bienes debe ser por si un proyecto de vida.
Mina Marlin, Guatemala
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