QUIEN NO ESTÁ CONMIGO, ESTÁ CONTRA MÍ…
¡Y ES UN CRIMINAL!
Por Ana Lucía Ramazzini
Afiliada Maryknoll, Capítulo Guatemala
La criminalización de la protesta, la manifestación y el activismo social es una estrategia de los gobiernos o las fuerzas públicas que se ha utilizado para debilitarla, desorganizarla, paralizarla y prohibirla.
Cualquier brote de desacuerdo tiene la reacción inmediata de ser señalado de ilegal. Las personas que luchan por ciertas causas -que no van en la línea de los intereses dominantes- son acusadas de delincuentes y/o terroristas, justificando el hecho de perseguirlas, acosarlas, encarcelarlas y hasta asesinarlas.
A lo largo de nuestro continente:
Se criminalizan las marchas campesinas:
“¡Son invasores de tierras!” “¡Están violando el derecho a la libre locomoción!”
Se criminalizan las huelgas magisteriales:
“¡Son unos haraganes!” “¡Están violando el derecho de la niñez a la educación!”
Se criminalizan las manifestaciones a favor de los derechos humanos:
“¡Protegen delincuentes!” “¡Están violando el derecho a la seguridad!”
Se criminalizan las protestas contra las mineras y otros megaproyectos:
“¡Son terroristas! ¡Desestabilizadores!” “¡Están violando el derecho al trabajo e inversión y atentan contra el Estado de Derecho!”
Se criminalizan las acciones de resistencia de los pueblos indígenas:
“¡Son manipulados por entidades extranjeras! ¡Son agitadores de la democracia!”
“¡Están violando el derecho al desarrollo de nuestro país!”
Se criminalizan las exigencias de las organizaciones de mujeres y feministas:
“¡Provocadoras! ¡Ellas mismas son las culpables de la violencia en su contra!” “¡Están violando el derecho a la familia y atentando contra la buenas costumbres!”
Se criminalizan los movimientos estudiantiles y su defensa al derecho a la educación:
“¡Se oponen al cambio!” “¡Están violando el derecho a la profesionalización docente!”
Ejemplos de criminalización en Guatemala hay muchos. Es una estrategia que está aplicando cada vez más fuerte e intencionadamente a quienes protestan contra la extracción minera, la instalación de hidroeléctricas o defienden sus territorios. También a las y los estudiantes que a través de un reglamento de disciplina se busca prohibir su derecho a la manifestación.
En esta articulación de fuerzas, los medios de comunicación tradicionales juegan un papel clave porque favorecen la reproducción de un discurso en donde cualquier acción de protesta es difundida como disidencia y considerada ilegal. La criminalización es la forma en que se refuncionaliza en la actualidad la frase: ”Quien no está conmigo está contra mi”- ¡y además es un delincuente/terrorista por posicionarse así!
De esta manera, combatir la pobreza, exigir mejores condiciones de salud, educación y la satisfacción digna de las necesidades básicas, defender los derechos humanos, reivindicar el respeto y cuidado responsable de la naturaleza, unir la justicia ecológica y la justicia social, es criminalizado.
Como plantea el editorial de esta edición de NTLH: En medio de un sistema que prioriza lo individual y la riqueza, el reto está en asumir la responsabilidad colectiva, interdependiente y compasiva por todo lo que vive y existe. Esto no es fácil –ni históricamente lo ha sido. El mismo Jesús sufrió persecución y fue acusado de desestabilizador el imperio romano. Vivió en carne propia la criminalización.
Estamos viviendo días retadores a lo largo de nuestra América. La esperanza depositada en los pilares de las y los afiliados es grande. Y seguirá demandando la articulación del trabajo en unidad, reflexión constante, oración y acciones concretas desde cada uno de los Capítulos a nivel latinoamericano.
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